Octubre- 2013
"No es lo mismo caer que moderar el crecimiento", ha insistido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El descenso del coste laboral se modera, pero sigue a la baja. La última estadística trimestral del INE, publicada en septiembre, sobre costes laborales, lo deja claro: los salarios en España han bajado. El coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.928,72 euros de media, un 0,6% menos que en el segundo trimestre de 2012.
Hasta las grandes empresas contradicen al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. El informe 'España emprende y exporta' elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) en el que están presentes las 15 grandes empresas españolas y el Instituto de Empresa Familiar reconoce que los costes laborales en España son entre un 12% y un 30% más bajos que en países comparables, como Alemania, Francia e Italia.
Juan Rosell, presidente de la CEOE, no es de la misma opinión que Cristóbal Montoro, ya que, según ha dicho, "el crecimiento de los salarios en España es muy plano e incluso puede ser negativo".
La banca española ha subido el doble que la europea desde junio, una media del 49,10%
El número de millonarios en España aumentó en 47.000 personas en el 2012 pese a la crisis.El número de personas en España con un patrimonio valorado en al menos un millón de dólares (740.000 euros) ha experimentado entre mediados del 2012 y la primera mitad del 2013 un crecimiento del 13,2%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que la "abultada" deuda de las empresas en Italia, Portugal y España, sumada a la "debilidad" de los bancos en esos países, es uno de los principales obstáculos al flujo del crédito y a la recuperación económica.
El FMI volvió a recomendar subir el IVA.
Intermon Oxfam denuncia que dos terceras partes de las fortunas mundiales están en paraísos fiscales de la UE.
Cuatro de cada diez españoles podrían vivir bajo el umbral de la pobreza en 12 años si se mantienen las políticas de austeridad, denunció el miércoles la ONG Intermón Oxfam. Unos 12 millones de españoles ya son considerados pobres - según la definición de Eurostat que adopta también el INE - después de cinco años de crisis económica que ha dejado a uno de cada cuatro trabajadores en el paro, y a ellos se podrían incorporar ocho millones más en poco más de una década, afirmó la organización no gubernamental.
"Vamos en la buena dirección"
Martes, 29 de enero del 2013
Salarios más bajos y menos trabajadores. Tales eran los objetivos inconfesos de una reforma laboral que se nos impuso aireando unas necesidades y aduciendo unas pretensiones que nada tenían que ver con su verdadera motivación. Nunca se trató de crear ocupación, como tampoco de aliviar el supuesto exceso de rigidez del marco regulador. Ni que decir tiene que la reforma jamás albergó la voluntad de desactivar la perniciosa dicotomía entre un sector de asalariados a los que impúdicamente se calificaba de sobreprotegidos y privilegiados frente a la masa desvalida de trabajadores precarizados. Si algo se propuso alterar en este ámbito fue mediante la extensión generalizada de la precariedad, democratizando radicalmente la desprotección.
Salarios más bajos y menos trabajadores. Tal es el alfa y el omega de la reforma laboral, idéntico al de la emprendida anteriormente en los coletazos finales de su gestión por el ejecutivo socialista. La estadística desvela la extraordinaria eficacia de las medidas adoptadas. Efectivamente, hay menos trabajadores. Muchos menos. Y los sueldos son, tal y como se anhelaba, más bajos. Mucho más bajos. Y aún más baja, si cabe, la renta disponible, pues a nuestros salarios menguantes debemos añadir el incremento de nuestra renta que destinamos a cubrir las deserciones del Estado en materia de prestaciones y protección social.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Lo apuntábamos al principio. La reforma laboral ha sido el principal instrumento para conducirnos a esta situación de pérdida generalizada de poder adquisitivo de los asalariados con el objetivo, ilusorio y esquivo, de incrementar la competitividad de la economía y, con ello, el volumen de nuestras exportaciones. Nuestros salarios disminuyen porque las empresas disponen de renovados instrumentos para desvincularse de las condiciones (salariales, pero también de ordenación general del trabajo -jornada, horarios) fijadas en los convenios sectoriales. Es decir, para trasladar la negociación desde este ámbito, donde las organizaciones sindicales tienen más capacidad negociadora, al ámbito de la propia empresa, en su inmensa mayoría pymes donde la presencia sindical es menor -cuando no inexistente- y la negociación se desarrolla en un cuerpo a cuerpo condicionado por la familiaridad y la proximidad.
Incluso en los casos en los que no se da este desarraigo respecto al convenio, la reforma laboral también ha previsto el modo de amplificar la capacidad del empresario para recurrir a las denominadas cláusulas de descuelgue. O lo que es lo mismo, queda habilitado para ignorar lo pactado argumentado la disminución de los ingresos o la concurrencia de perspectivas económicas negativas, guarden relación o no con los salarios de sus empleados. En otras ocasiones, la presión salarial adquiere el tono de la simple amenaza. Es habitual presentar ante la plantilla la pavorosa disyuntiva de elegir entre reducción salarial o despidos. Los casos son numerosos y algunos bien conocidos, piensen por ejemplo en la Nissan. En ocasiones, la amenaza no se sustenta sobre la necesidad de reducir plantilla, sino que se utiliza como una oportunidad de conseguir rebajar sus costes salariales. Con el paro en cifras de máximos históricos y cualquier perspectiva de mejora velada por las evidencias que nos asaltan, es obvio el poder disuasorio de estas amenazas. No es difícil imaginar cómo acaban muchos de estos procesos mal llamados negociadores.
La coerción también se abate sobre los convenios nuevos. Son muchas las empresas que presionan a sus trabajadores para que apoyen nuevos y regresivos convenios esgrimiendo la limitación a un único año del periodo de ultraactividad de los convenios expirados. Les dicen que transcurrido este año y si no hay convenio colectivo sectorial al que acogerse, quedarán bajo el mínimo manto protector del Estatuto de los Trabajadores, perdiendo las condiciones salariales y laborales que recogiera el extinto convenio. Una amenaza efectiva, pero de escaso fundamento jurídico. Difícilmente los tribunales permitirán semejante tabula rasa de derechos. Pero sin oposición, aprovechando el temor de los asalariados, de momento consiguen su anhelo de precariedad y rebaja salarial. Frente a esta situación, los trabajadores han de mostrar renovada unidad y firmeza para no ser, en exclusiva, los pagadores y garantes de esta devaluación interna pavimentada sobre su sufrimiento. Desgraciadamente, debemos retomar luchas en los centros de trabajo y en los juzgados que creíamos superadas. Alzar la voz en la exigencia de salarios dignos y protección frente a la arbitrariedad para que sepan que no toleraremos que esta crisis sea solo nuestra.
El Periódico - ESTHER COMAS
Abogada laboralista. Col·lectiu Ronda.
