Un país financiado, en crisis.

Un país endeudado para siempre.
Unas 60.000 familias tienen morosidad hipotecaria en España, los afectados son, en su mayoría, personas que firmaron créditos cuando los intereses eran bajos.
Aproximadamente 89 familias han recurrido al concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebra) según el Instituto Nacional de Estadística, sumando a familias y empresas concursadas, el número de deudores concursados fue 631, casi tres veces más al mismo periodo del año 2007.
Es una cifra preocupante y las perspectivas es que vaya a peor. Cuando no se puede pagar la hipoteca se ha de responder con el patrimonio personal. En segundo caso el ámbito de afectación se extiende a los avalistas, que suelen ser familiares directos, en el caso de particulares, su mayoría padres de mileuristas. Esto puede agravar la situación. A este ritmo, los ficheros ASNEF (relación de morosos) pronto podrían sustituirán de manera natural a los censos de población de cada localidad.
Aquí no sucede como en Estados Unidos, donde hay la posibilidad, si no puedes pagar la vivienda, de devolver las llaves.
Las entidades bancarias, han sido excesivamente generosas, concediendo créditos, en tiempos donde la escalada de precios y la especulación han inflado la burbuja a límites insostenibles.
A todo esto, las sociedades de tasación, han tenido una parte importante de culpa. Al inflar los precios por encima del valor real de las fincas, en complicidad de los sectores implicados.
No hay que omitir la parte de culpa de los ciudadanos, con un excesivo optimismo, comprando por encima de sus posibilidades. La capacidad de compra a los astronómicos precios, comparados con los bajos salarios, era un elemento predecible para llegar a la situación actual, en un periodo de crisis general.
El exceso de confianza también lo han aportado la concesión de créditos a clientes que no se podían permitir, por sus ingresos, ciertas compras, financiado cualquier gasto de adquisición.
Se ha actuado tarde y mal, en una situación imaginable y anunciada, esperando una engañosa normalización de los excesos.
Una de las medidas, para revitalizar la economía, es la construcción de viviendas por la administración pública, una decisión un tanto contradictoria, sin contamos que hay un balance de viviendas sin vender para cuatro o cincos años en la actualidad.
Un debate urgente y serio ha de pasar por las consecuencias de precios altos y bajos salarios. Sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay producción, sin producción no hay empleo. No se puede pedir esfuerzos a los ciudadanos con el discurso de la moderación, cuando todo sube menos sus ingresos. Si los precios no se contienen para aliviar la situación es un derecho reivindicar unos ingresos más acordes al coste de la vida.
Y anuncian que lo peor está por venir.