Muchas mujeres trabajan en el "empleo sumergido" doméstico.

La economía sumergida en el empleo genera cerca de 82.000 millones de euros, cifra cercana al 8% del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha).Las comunidades autónomas donde más se concentra son Cataluña, Madrid, y Andalucía, mientras que las que menos tienen son La Rioja, Cantabria y Extremadura.

Recientemente se ha aprobado una norma de lucha contra el empleo sumergido que permite legalizar situaciones irregulares hasta el próximo 31 de julio.

Más de medio millón de mujeres, en su mayoría inmigrantes, están inmersas en la economía sumergida del empleo doméstico. La ONG Intermón Oxfam, en su informe 'Mujeres migrantes andinas: contexto, políticas y gestión migratoria', denuncia la discriminación a la que se enfrentan miles de mujeres procedentes de Iberoamérica: por ser mujeres, por ser inmigrantes y por estar empleadas en el hogar.

El 65% de esos empleos pertenece a una economía sumergida, esencial y vital sin embargo en las economías de sus países de origen, ya que las remesas de dinero que envían duplican por dos y en algunos casos hasta por tres la ayuda oficial al desarrollo que destinan los países desarrollados.

Los responsables de Intermón insisten en la paradoja que supone la labor de estas mujeres, que contribuyen desde una situación en muchos casos irregular y carente de derechos a mejorar las condiciones de vida de sus allegados en sus países, y que afrontan además la "estigmatización" y la culpabilidad por haber migrado, distanciándose así de una familia pero satisfaciendo con su labor las necesidades de miles de familias españolas.

¿Qué pasará después? Pasado el 31 de julio del 2011, se prevé una intensificación de las actuaciones inspectoras en esta materia, así como un endurecimiento de las sanciones aplicables. En concreto:

En caso de no dar de alta a los trabajadores, se aplicará una sanción de entre 3.126 y 10.000 euros.

En caso de contratar de forma irregular a trabajadores que estén conbrando una prestación por desempleo o cualquier otra ayuda incompatible con el trabajo, las sanciones para el empresario pueden ser de entre 10.001 y 187.515 euros. (La graduación de las sanciones dependerá de si existe o no reiteración, del número de trabajadores afectados, de la peligrosidad de la actividad, etc.. De implantarse medidas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España, el Estado podría recaudar más de 13.000 millones de euros adicionales provenientes de las cuotas de la Seguridad Social.